Con el arribo de López Obrador, aparecen miles de trabajadores
SomosMass99
Por: David Bacon
Martes, 12 de Febrero de 2019


La elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México ha elevado las esperanzas y expectativas de millones de trabajadores mexicanos. No podría haber mejor evidencia de esto que la huelga de decenas de miles de trabajadores en Matamoros, una ciudad en el extremo este de la frontera entre los Estados Unidos y México, a través del Río Bravo (Río Bravo en México) por Brownsville, Texas.

El mes pasado, entre 30 mil y 40 mil de los 70 mil trabajadores de las maquiladoras en las plantas de Matamoros abandonaron sus empleos. Las maquiladoras son fábricas, en su mayoría de propiedad extranjera, que producen bienes destinados para la venta en los Estados Unidos. Son el producto de una política de desarrollo iniciada por el gobierno mexicano en 1964 que permite la construcción de plantas de propiedad extranjera, siempre que sus productos se vendan fuera de México. El atractivo para las empresas extranjeras ha sido un nivel salarial muy inferior al de los trabajadores a pocas millas al norte, y la aplicación laxa de las leyes ambientales y de protección laboral. Como resultado, en la frontera actual más de dos millones de trabajadores trabajan en estas fábricas.

“Los trabajadores y empleadores de Tijuana a Juárez están observando las acciones valientes de los trabajadores de Matamoros”, dice Julia Quiñones, directora del Comité Fronterizo de Mujeres Trabajadoras en Ciudad Acuña, y veterana de tres décadas de conflictos laborales. “Los trabajadores están pensando en seguir el ejemplo de Matamoros y, por supuesto, a los empleadores les preocupa que hagan exactamente eso”.

Las huelgas tienen su origen inmediato en una promesa hecha por López Obrador en su discurso en el Congreso mexicano, que se repitió en el Zócalo de la Ciudad de México cuando asumió el cargo el 1 de diciembre. “Desde el 1 de enero”, prometió, que “el salario mínimo [en la frontera] se duplicará”. Manteniendo su palabra, el 1 de enero elevó ese salario de 88.36 pesos (4.63 dólares) por día a 176.72 pesos (9.25 dólares).

En Matamoros, sin embargo, los dueños de las fábricas declararon que el salario de sus trabajadores no aumentaría porque ya estaban haciendo lo que López Obrador había ordenado. Según Juan Villafuerte Morales, secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora, los trabajadores ganaban entre 156 y 177 pesos por día. El sindicato de Villafuerte está afiliado a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), que durante los últimos 25 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ha sido socio laboral de los gobiernos mexicanos pro corporativos que precedieron a López Obrador. Especialmente en la frontera, ha actuado como agente de trabajo para la política del gobierno de usar salarios bajos para atraer inversiones extranjeras en las maquiladoras.

Quiñones, sin embargo, dice que los empleadores realmente estaban haciendo trucos con la forma en que calculan los salarios. “El salario base en la mayoría de las maquiladoras es de 90 a 100 pesos. Pero los trabajadores también ganan una cantidad de bonos por productividad, asistencia, transporte y otras razones. Dependen completamente de estos bonos. Cuando los trabajadores dicen que su salario base debe duplicarse “, como prometió el gobierno, “las empresas dijeron que eliminarían las bonificaciones y el resultado sería el mismo que no aumentar los salarios”. Villafuerte dijo que el acuerdo del sindicato con las compañías de Matamoros les permitió cancelar los bonos si se enfrentaban a una “emergencia económica”.

Muchos trabajadores mayores de Matamoros recuerdan que antes del TLCAN sus salarios eran mucho más altos y el sindicato de la CTM estaba dirigido por un líder diferente, Agapito González Cavazos. Desde fines de la década de 1950 hasta finales de la década de 1980, el período en el que la industria maquiladora creció rápidamente, la unión de maquiladoras de Matamoros tenía entre 50 mil y 60 mil miembros. En la década de 1970, cuando el salario mínimo nacional era de 140 pesos (entonces el peso valía 11.20 dólares), en Matamoros era de 198 pesos (15.84 dólares). En 1983, González negoció un acuerdo famoso con un aumento salarial del 43 por ciento, con el que a los trabajadores se les pagaban 56 horas de trabajo, aunque la jornada era de 40 horas a la semana.

González también se opuso a las reformas neoliberales del presidente Carlos Salinas de Gortari, que incluyeron la privatización de las empresas nacionales, el fin de la reforma agraria y la preparación del terreno para el TLCAN. Los empleadores más grandes de Matamoros lo consideraban un obstáculo para aprobar e implementar el tratado. En febrero de 1992, cuando se terminaban de acordar los términos del TLCAN, Salinas lo arrestó y lo llevaron a la Ciudad de México. González había estado negociando contratos sindicales con 42 compañías, incluida General Motors, y su detención fue protestada por United Auto Workers y la AFL-CIO en los Estados Unidos.

En la era del TLCAN, lo que siguió fue que la oposición laboral se debilitó y los salarios cayeron drásticamente. En 1992, los trabajadores exigían 19.50 dólares por día. El nuevo salario mínimo, incluso después de ser duplicado por López Obrador, es de $ 9.27. La semana laboral ha regresado de 40 a 48 horas en la mayoría de las fábricas. Para empeorar las cosas, mientras los salarios de las maquiladoras de Matamoros no son los más bajos de México, el costo de vida en la frontera es por mucho el más alto del país.

Lo que se tiene que pagar por muchas de las necesidades básicas, como la leche, es en realidad más alto en los supermercados de las ciudades fronterizas de México como Matamoros y Tijuana que en toda la línea de Brownsville y San Diego. Una mujer en la línea de ensamblaje en Tijuana tiene que trabajar durante medio día para ganar lo suficiente para comprar un galón de leche. Los precios han estado subiendo rápidamente en Matamoros, según la oficina de Tamaulipas de la Procuraduría Federal del Consumidor en México. Una libra de chiles serranos ahora cuesta 55 pesos, más de medio día de salario de 88 pesos. El precio de los tomates ha subido un 20 por ciento y las cebollas un 26 por ciento.

Delfina Martínez, una trabajadora de Trico Componentes, que fabrica autopartes para Auto Zone y otras tiendas minoristas de los EEUU, le dijo a la periodista Julia Le Ducof, del periódico La Jornadade la ciudad de México que se sintió muy feliz cuando supo de la promesa de López Obrador de aumentar el salario. “Entonces el delegado sindical nos dijo que era sólo para aquellos que ganaban el salario mínimo, y no calificamos”. Pero resulta que descubrió en su cheque de pago que la compañía le había aumentado su salario en sólo 5 pesos por día. Luego, comprobó que tampoco le pagarían el bono anual de tres mil pesos. En lugar de ayudarla, el decreto federal que aumenta el salario mínimo “fue un pretexto para que la fábrica no nos pagara lo que normalmente recibíamos cada mes de enero… Fuimos al sindicato y el sábado pusimos la bandera de rojo y negro (de huelga)”.

Los trabajadores de Matamoros comenzaron a hacer demandas directamente a los dueños de las fábricas a principios de enero, y organizaron paros para presionarlos para que aumentaran los salarios. Al igual que Martínez, los trabajadores se enfurecieron cuando las compañías se negaron a aumentar el aguinaldo, que están obligadas por ley a hacerlo en un monto que representa un mes de salario adicional.

Pronto el trabajo se detuvo en muchas plantas, incluyendo Polytech 1, Polytech 2, Dura 4, AFX Autoliv y Cedras de México. Un gran porcentaje de los trabajadores en huelga provenían de fábricas que producían autopartes para plantas de ensamblaje en los Estados Unidos. AFX, por ejemplo, es un proveedor de General Motors. Según la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, las empresas perdieron 100 millones (de dólares) en los primeros diez días.

Miles de trabajadores marcharon por las calles de Matamoros. El 18 de enero, dos mil de los trabajadores forzaron la ocupación de las oficinas de su propio sindicato, las que Villafuerte había cerrado por temor a las huelgas y manifestaciones. Los trabajadores, enojados, lo acusaron de ceder a las demandas de la compañía, especialmente en un nuevo contrato que se estaba negociando para 2019. Una de sus consignas (que rima) fue: “¡La gente está cansada de tanta transa!”. Los trabajadores organizaron su propia red independiente, llamada Movimiento de Trabajadores de Matamoros.

Villafuerte se vio obligado a anunciar que el sindicato organizaría una huelga oficial. La demanda básica de los trabajadores fue un aumento del 20 por ciento en el pago y un aumento en el bono de productividad de tres mil 500 pesos anuales a 32 mil. Algunas fábricas ofrecieron un aumento salarial del 10 por ciento y un bono de diez mil pesos, pero los trabajadores lo rechazaron. El 24 de enero, comenzaron a marchar afuera de las 45 fábricas que tenían contratos sindicales (con la CTM).

Según Julia Le Duc, de La Jornada, “en algunas fábricas  el proceso fue ríspido, debido a que los gerentes ordenaron a los guardias de seguridad bloquear las puertas para impedir que salieran los trabajadores que estaban en las líneas”. Los trabajadores también intentaron bloquear las puertas de algunas plantas, sospechando que los gerentes podrían intentar escabullirse y sacar la maquinaria para continuar la producción en otros lugares.

Rolando González Barrón, líder de la asociación de empleadores, calificó a los trabajadores de “ignorantes” y amenazó con despedirlos si participaban en huelgas. Sin embargo, el 24 de enero, el primer día en que los trabajadores se fueron a huelga, cuatro fábricas aceptaron las demandas de sus trabajadores. Durante la semana pasada, otras 20 más se han rendido, lo que hace que sus trabajadores regresen a las líneas de montaje.

El enojo de los trabajadores a la CTM puede tener consecuencias de largo alcance. El año pasado, antes de que López Obrador asumiera el cargo, el gobierno anterior se vio obligado a ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, garantizando la libertad de asociación. Luego, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que incorpora estos cambios, incluido el derecho de los trabajadores a votar sobre los contratos, elegir a sus propios líderes y formar sindicatos con prácticas de elección que el gobierno y sus sindicatos afines no reconocieron. Los acuerdos de Sweetheart, llamados “contratos de protección” porque protegen al empleador de cualquier esfuerzo de los trabajadores por formar sindicatos independientes y aumentar los salarios, ya no serían legales.

En Matamoros, uno de los resultado de las huelgas y la organización puede ser la decisión de los trabajadores de utilizar las reformas a la legislación laboral y abandonar la CTM. Otros sindicatos nacionales independientes también pueden retar a la CTM. El sindicato de mineros ha sido muy activo en la organización en la frontera y ha apoyado a los trabajadores de Matamoros, aunque no tiene contratos sindicales en la ciudad.

Si bien la administración de López Obrador ha prometido que los mecanismos legales que protegen a los antiguos sindicatos de “protección” se desmantelarán, ha sido lento para apoyar el movimiento en las calles de Matamoros. En una entrevista de noviembre, Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario en la nueva Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, dijo que “este gobierno defenderá la libertad de los trabajadores a organizarse” y que “no sólo estamos luchando por un objetivo económico, no sólo por salarios decentes, sino por la revitalización de la vida democrática de los trabajadores “.

Sin embargo, Domínguez ofreció una conferencia de prensa en Matamoros el 25 de enero y pidió a los trabajadores que pospusieran su huelga durante diez días mientras se llevaban a cabo las negociaciones. “Esperaba más”, dijo Julia Quiñones. “Fue una respuesta muy fría. Creo que la misma (Luisa María) Alcalde debería haber venido a Matamoros”.

La tibia respuesta tampoco le dio respiro al gobierno con los empleadores. Los propietarios de las maquiladoras están enojados con López Obrador por haber aumentado las expectativas de los trabajadores. “Andrés Manuel López Obrador está enterrando a la industria de exportación de este país”, dijo Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de Industrias de Maquila y Exportación, “que ha sido un modelo exitoso para el desarrollo comercial y regional durante 53 años. Está enviando al mundo un mensaje muy equivocado, de desconfianza sobre México, que ya no es un lugar seguro y atractivo para la inversión “.

Algunos propietarios de maquiladoras han amenazado con cerrar sus fábricas o trasladarlas a otra ciudad. La asociación de empleadores para la industria de autopartes declaró que lo que demandan los trabajadores es imposible. En lugar de llegar a un acuerdo con ellos, los empleadores recalcitrantes culparon del conflicto a Susana Prieto Terrazas, una abogada de Juárez que ayudó a los huelguistas y la llamaron agitadora.

Cuando comenzaron las huelgas, la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado dijo que no tenía jurisdicción sobre el conflicto de Matamoros, porque estaba bajo el dominio federal. Pero el 29 de enero declaró la huelga “inexistente” en 16 fábricas. Tal declaración le permite a una empresa en paro llevar rompe huelgas y expulsar a los huelguistas. Sin embargo, otra característica de la reforma a la legislación laboral del nuevo gobierno es el reemplazo de las juntas laborales, que históricamente han defendido a los empleadores, por un sistema neutral de tribunales laborales. Las acciones de la junta laboral en Matamoros proporcionan evidencia sólida de que apoya la necesidad de este cambio.

Tras el anuncio de la junta laboral, Tridonex despidió a 600 trabajadores con el apoyo de la CTM. En protesta por los despidos, un ex dirigente sindical, Leocadio Mendoza Reyes, inició una huelga de hambre en la plaza del centro de la ciudad. “Estas personas fueron despedidas porque pidieron aumentos salariales y el jefe del sindicato, que es mi hermano, les dio la espalda”, dijo a La Jornada.

A pesar de los despidos y la represión, los trabajadores han logrado ganar aumentos significativos de salarios en varias fábricas. De las 47 huelgas originales de los trabajadores, las empresas aceptaron las demandas en todas menos 11, y los huelguistas volvieron a trabajar después de esos acuerdos. La huelga se extendió a otras tres plantas, Toyoda Gosei, Fisher Dinamic y Robert Shown, donde los obreros rechazaron un aumento del 8 por ciento negociado por otro sindicato de la CTM. Alrededor de otros mil trabajadores de empresas no maquiladoras, como Coca-Cola y la principal distribuidora de leche de Matamoros, Leche Vaquita, también abandonaron se fueron a paro exigiendo el mismo aumento del 20 por ciento y el fin de las horas extras no pagadas.

Julia Quiñones dice que la situación de los trabajadores en todas partes en la frontera está cambiando rápidamente, en parte debido a sus crecientes expectativas. “Están cansados ​​de los abusos y la explotación, y si pueden ver alguna esperanza de cambio, actuarán. Lo que estamos viendo en Matamoros es que los trabajadores de filas están cada vez más conscientes y conscientes, y eso me hace optimista”.